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Feminicidio en Centroamérica: Facetas Visibles y Oscurecidas
Por Diana García |
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11. La seguridad nacional y la privatización de la seguridad
De acuerdo a la Red de la No-Violencia contra las Mujeres, la violencia de las pandillas está asociada a la pertenencia de algún miembro de la familia a sus estructuras a través de diferentes lógicas: de la venganza, del ajuste de cuentas o del establecimiento de nuevos grados de poder entre los distintos grupos. También puede deberse esta violencia a las relaciones de pareja o de ex-pareja que las y los jóvenes establecen. Otras fuentes han reportado la muerte de mujeres por haber sido testigas de determinados delitos y aún no haber aprendido a callar para poder sobrevivir.
Pero cada uno de estos mecanismos no son exclusivos de las maras. Ni siquiera la famosa “territorialización” de los espacios. Y también hay que considerar en el análisis del aumento acelerado de la violencia el hecho, no poco trascendente, que desde mediados de los años 90 las maras “locales” fueran progresivamente desplazadas por las “maras transnacionales”, como lo ha registrado Gabriela Escobar.
Mientras que la presencia de maras data de varias décadas atrás, el Ministerio de Gobernación ha llegado a calificarlas recientemente como un problema de “seguridad nacional”. Esto, junto a su expansión regional, al énfasis que el gobierno norteamericano ha puesto sobre su “control”, y a la realización de una serie de eventos -como la reciente Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas en la que los desastres, el mantenimiento de la paz y el terrorismo sientan las supuestas bases para la conformación de una fuerza militar para el istmo- van justificando socialmente las medidas de militarización de la región.
Pero las tesis sobre la desestabilización del “Estado de derecho”, la creación de un clima de inseguridad y hasta de terror en la ciudadanía, pasa también por múltiples intereses. Uno de ellos -la privatización de la seguridad- ha sido visibilizado por la misión de la ONU en Guatemala (MINUGUA) y por la URNG. Las empresas de seguridad privada, con mayor cantidad de equipo y armamento, un número más elevado de agentes y una mayor capacidad para controlar la información en diversas zonas del país que la PNC, generan una gran cantidad de ganancias a sus propietarios, los que en buena medida son ex-militares, ex-policías o empresarios de origen israelí. Aunque en buena parte de los casos operan de manera ilegal, estas empresas llegaron a triplicarse en número entre 1996 y el año 2001.
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